Sin negociar votos pese a riesgo de derrota: La estrategia opositora para la AC a Rabat y los reparos de abogados del sector.

Jueves 12 de Noviembre 2026.

La idea es la izquierda es traspasar los costos a quienes rechacen.

La oposición ya completó la redacción de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y ahora enfrenta la definición de cómo abordar su tramitación en el Congreso. Pese a que el libelo contemplará tres capítulos -relacionados con las rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, además de una eventual falta a la probidad-, en el bloque optaron por no desplegar una estrategia de búsqueda de votos ni realizar gestiones individuales para asegurar respaldos.

En cambio, la apuesta es dejar que cada diputado resuelva su postura a conciencia y responda ante su electorado por la decisión que adopte. Esto en medio de los reparos que han manifestado abogados del propio sector que han manifestado dudas respecto a la ofensiva. Parlamentarios de izquierda sostienen que no quieren transformar la votación en una suerte de “juego de ajedrez” ni convertir la acusación en una negociación, incluso si eso significa arriesgar que el libelo no reúna los votos necesarios para avanzar. La lectura que transmiten es que el costo político de rechazar la acusación deberá recaer en quienes se pronuncien en contra, considerando que la controversia por las rebajas de condenas ha instalado cuestionamientos sobre la actuación del ministro y la respuesta del Gobierno. Así, más que concentrarse en amarrar apoyos, la oposición busca que el debate se centre en los fundamentos del libelo y en la posición que cada parlamentario adopte frente a las imputaciones. La apuesta, sostienen, es que si la acusación obtiene un respaldo minoritario, serán el oficialismo y el PDG los que deberán explicar ante sus electores por qué decidieron rechazarla. En ese contexto, y con el documento ya terminado, la presentación de la acusación está prevista para este jueves, de acuerdo con fuentes de la oposición. Los reparos jurídicos al interior del sector La estrategia política, sin embargo, convive con las dudas que han surgido entre abogados vinculados a la oposición respecto de la solidez jurídica de algunos fundamentos de la acusación. La discusión quedó en evidencia durante una reunión entre parlamentarios y constitucionalistas, donde se plantearon cuestionamientos sobre la viabilidad de determinados capítulos. Según Ex-Ante, uno de los reparos fue planteado por el abogado Gabriel Osorio, cercano al Partido Socialista, quien cuestionó el sustento legal para reprocharle a Rabat no haber escuchado a las víctimas antes de conceder las rebajas de condenas. Su argumento apuntaba a que la Ley 19.856 no contemplaría una obligación equivalente a la que existe en los procedimientos de libertad condicional. También surgieron interrogantes de la abogada Constanza Tobar, cercana a la DC, y de William García, exjefe de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, respecto de si las rebajas de condenas deben entenderse como una materia penal o como un procedimiento administrativo. La distinción es relevante para determinar si las restricciones incorporadas en 2022 podían aplicarse a condenados por delitos cometidos antes de esa modificación. A esos cuestionamientos se suman las reservas expresadas por el exministro de Justicia Luis Cordero y el constitucionalista Tomás Jordán, quienes han manifestado reparos sobre la fundamentación jurídica y el uso de las acusaciones constitucionales. Pese a esas diferencias, las dirigencias opositoras han desdramatizado las observaciones y han defendido que el intercambio entre juristas forma parte del proceso de elaboración del libelo. El factor de la opinión pública La estrategia opositora también se desarrolla en un escenario en que las encuestas muestran un amplio rechazo ciudadano a la gestión de Rabat, aunque las prioridades expresadas por los consultados apuntan principalmente a las medidas para enfrentar las rebajas de condenas. Según Cadem, un 65% considera que la principal tarea del Gobierno debe ser impedir que se otorguen nuevos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores, mientras que un 54% prioriza buscar mecanismos legales para revertir las rebajas ya concedidas. En contraste, la misma medición muestra que un 77% desaprueba la gestión del ministro y un 64% está en desacuerdo con que el Presidente Kast lo mantenga en el cargo. Por su parte, Pulso Ciudadano registró que un 74,2% considera que Kast se equivocó al mantener a Rabat en el gabinete y que debería pedirle la renuncia, mientras que un 64,3% se manifestó a favor de una acusación constitucional, frente a un 21,2% que la rechaza y un 14,5% que no sabe. En tanto, la medición de Descifra mostró que un 80% está en desacuerdo con la continuidad del ministro y un 66% considera que la acusación constitucional sería una vía adecuada para sancionar su actuar, mientras que un 31% estima que no lo sería.

Fuente: Emol.com