Gobernadores, delegados y alcaldes: El debate por el rol ante emergencias que abrió el choque entre San Martín y Orrego.

Miércoles 14 de Octubre 2026.

La controversia por la respuesta al aluvión en Las Condes reabrió la discusión sobre las facultades de las autoridades frente a catástrofes.

El enfrentamiento entre la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, a raíz de las emergencias provocadas por los aluviones en la Región Metropolitana, puso sobre la mesa una discusión que va más allá de la presencia de ambas autoridades en terreno: cómo se distribuyen las atribuciones y responsabilidades cuando ocurre una catástrofe. La controversia comenzó con los cuestionamientos de San Martín por la ausencia de Orrego en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional del domingo. El gobernador defendió su despliegue durante la emergencia y, posteriormente, afirmó que el municipio había desistido de un ofrecimiento del Gobierno Regional (GORE) para financiar un estudio de riesgo en febrero.

La alcaldesa rechazó esa versión y sostuvo que las diferencias se debieron a los plazos y procedimientos administrativos planteados para acceder a los recursos. En medio de ese cruce, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, planteó la necesidad de revisar el actual modelo de gobernanza regional, que separó las funciones que antes concentraba el intendente entre dos autoridades: el gobernador regional, elegido por votación popular, y el delegado presidencial regional, designado por el Presidente de la República. Las funciones del gobernador y el delegado presidencial La reforma institucional que eliminó la figura del intendente estableció una división entre el gobierno interior y la administración regional. Por una parte, el gobernador regional encabeza el gobierno regional y tiene responsabilidades vinculadas con la planificación, la inversión y el desarrollo social, cultural y económico de la región. Por otra, el delegado presidencial representa al Ejecutivo en el territorio y ejerce funciones de coordinación de los servicios públicos dependientes del Gobierno central. La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional establece que el delegado presidencial debe dirigir las tareas de gobierno interior, velar por la tranquilidad y protección de las personas y los bienes, y coordinar la gestión de los servicios públicos regionales. Entre sus atribuciones también se encuentra adoptar las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe. El gobernador, en cambio, tiene entre sus funciones diseñar y aplicar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo regional, además de administrar los recursos del gobierno regional dentro de sus competencias. Esa estructura explica por qué la conducción de una emergencia y el financiamiento de estudios o iniciativas de mitigación pueden involucrar a autoridades distintas, con procedimientos y responsabilidades que no son equivalentes. El papel del municipio en la emergencia A nivel comunal, el alcalde también tiene responsabilidades definidas en el sistema de prevención y respuesta ante desastres. La Ley 21.364 establece que el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres es presidido por el alcalde y participa en la planificación y coordinación de las distintas fases de la gestión de riesgos, incluida la respuesta y recuperación ante emergencias. La normativa contempla, además, que cuando el alcalde constate que el comité comunal carece de los recursos o la capacidad necesarios para responder, puede solicitar al delegado presidencial provincial o regional los medios requeridos para enfrentar la emergencia. El delegado correspondiente queda a cargo de proveer esos recursos, bajo la coordinación territorial que corresponda según la situación. Ese marco ayuda a entender parte de las declaraciones de San Martín, quien ha sostenido que su municipio se concentró en coordinar a los funcionarios municipales, voluntarios y equipos que colaboraban en los sectores afectados. La alcaldesa también aclaró que reconoce las atribuciones del delegado presidencial para encabezar la emergencia, pero que sus cuestionamientos a Orrego apuntaban a la respuesta del GORE frente a la necesidad de contar con un estudio hídrico urgente. Alessandri apunta a las limitaciones del modelo En ese contexto, Alessandri advirtió que las emergencias de los últimos días dejaron en evidencia las dificultades de un sistema en el que conviven dos autoridades regionales con atribuciones diferentes. El alcalde recalcó que su cuestionamiento no apunta a la gestión de una autoridad en particular, y destacó la disposición que, según afirmó, han demostrado tanto Orrego como el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y los distintos ministerios y servicios públicos durante las emergencias que han afectado a Lo Barnechea.

“Antes teníamos un intendente que concentraba las funciones de gobierno y administración regional, lo que permitía una conducción más directa. Hoy tenemos un gobernador elegido por la ciudadanía y un delegado designado por el Presidente, pero las atribuciones están divididas. La pregunta que debemos hacernos es si este modelo realmente mejoró la capacidad de respuesta del Estado o si terminamos creando una estructura más compleja, con mayores dificultades para tomar decisiones”, sostuvo. El jefe comunal agregó que una buena coordinación entre autoridades no necesariamente resuelve las dificultades que pueda generar el diseño institucional. “En nuestro caso hemos tenido una buena coordinación y disposición de todas las autoridades, y eso hay que reconocerlo. Pero una cosa es la voluntad de colaborar y otra muy distinta es que el diseño institucional sea el adecuado. No podemos depender solamente de la buena relación entre las autoridades para que el Estado funcione de manera eficiente”, afirmó. Por ello, llamó a revisar el alcance de la descentralización y la distribución de responsabilidades entre las autoridades regionales, especialmente en situaciones que requieren decisiones rápidas y coordinación entre distintos organismos públicos. “La descentralización no puede limitarse a elegir autoridades. También debe traducirse en atribuciones claras, recursos y capacidad real de gestión. Tenemos que evaluar si la separación entre gobernador y delegado presidencial está dando los resultados que se esperaban. Cuando ocurre una emergencia, los vecinos no quieren saber a quién le corresponde cada atribución; necesitan que el Estado responda rápido, coordinadamente y con una conducción clara”, concluyó. El estudio hídrico: Dos versiones sobre la ayuda regional Las diferencias entre San Martín y Orrego también reflejaron la separación entre las facultades de administración regional y la coordinación ejecutiva de la respuesta ante una catástrofe. El gobernador sostuvo que el GORE ofreció financiar un estudio de riesgo tras el primer aluvión de enero, pero que el municipio desistió de esa alternativa. La alcaldesa, por su parte, afirmó que no rechazó la ayuda por contar con recursos propios, sino porque los procedimientos y plazos que se le plantearon posteriormente no respondían a la urgencia de la situación. Según la cronología entregada por el GORE, los equipos técnicos se reunieron con el municipio el 12 de febrero y ofrecieron financiar los estudios mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El organismo agregó que el 16 de marzo propuso una alternativa de financiamiento para iniciativas inferiores a 5.000 UTM y que, el 2 de abril, Las Condes informó que había optado por desarrollar el diseño internamente y avanzar junto al Ministerio de Obras Públicas. San Martín, en cambio, sostuvo en conversación con EmolTV que el municipio necesitaba contar con rapidez con información sobre las cuencas afectadas por los incendios y definir posibles intervenciones, como la instalación de mallas dinámicas. Según su versión, la alternativa planteada inicialmente como expedita terminó sujeta a trámites y plazos que la llevaron a coordinar el trabajo directamente con Parque Cordillera.

Fuente: Emol.com