Los seis grandes problemas que empresas de servicios básicos alertan por reconexión: Se prevé alza de tarifas.

Jueves 27 de Agosto 2026.

Las compañías y expertos aseguran que el plazo establecido en la normativa es “impracticable”.

Los reparos a la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas de catástrofe no se agotan en los plazos establecidos. Eso advirtieron las empresas eléctricas y de gas ante la exigencia que podría tensionar la capacidad de respuesta durante una emergencia, generar riesgos de seguridad y, según expertos, elevar los costos que terminarían reflejándose en las tarifas a las personas. El artículo 31 de la Ley de Reconstrucción Nacional, cuya constitucionalidad fue respaldada por el Tribunal Constitucional (TC) por nueve votos contra uno, establece que las distribuidoras deben reponer gratuitamente el suministro a usuarios residenciales y mipymes, incluso cuando el corte se haya producido antes de la catástrofe por falta de pago. Es decir, también tendrán que reconectar a morosos.

El plazo máximo es de 48 horas para electricidad y gas y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Fuentes del Palacio de La Moneda aseguraban que el Gobierno ya prepara una ley corta para modificar estas disposiciones sin embargo, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, cerró la puerta a esa opción, asegurando que “no son los tiempos para iniciar un nuevo debate”. El principal punto de preocupación está en las 48 horas, particularmente en el caso del gas, donde la reconexión requiere verificar previamente que las instalaciones sean seguras. Para la industria, el problema es que una regla uniforme no necesariamente considera las condiciones concretas de una emergencia. El riesgo de quitar recursos a quienes realmente quedaron sin suministro Desde el sector eléctrico, el cuestionamiento apuntó primero a la forma en que se distribuyen los recursos durante una catástrofe. Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, advirtió a Emol que las mismas cuadrillas encargadas de reparar infraestructura dañada podrían terminar atendiendo reconexiones individuales de clientes que ya tenían suspendido el suministro. “Puede retrasar la reposición a quienes realmente perdieron el suministro por la catástrofe. En una emergencia, las mismas cuadrillas que están reparando postes, líneas y transformadores para devolver la electricidad a miles de hogares deberán destinarse también a reconexiones individuales, incluso de suministros que estaban cortados desde antes”. “Puede retrasar la reposición a quienes realmente perdieron el suministro por la catástrofe. En una emergencia, las mismas cuadrillas que están reparando postes, líneas y transformadores para devolver la electricidad a miles de hogares deberán destinarse también a reconexiones individuales, incluso de suministros que estaban cortados desde antes” Juan MerichesA ello sumó una segunda dificultal, ligada a un tema operacional: cumplir las 48 horas podría ser inviable cuando existen caminos bloqueados, infraestructura destruida o instalaciones que aún no pueden ser intervenidas. “Obliga a cumplir plazos que pueden ser materialmente imposibles y poner en riesgo a las personas”, afirmó Meriches. En tercer lugar, el ejecutivo también cuestionó que el plazo sea idéntico para cualquier emergencia. A su juicio, la regulación debería considerar la magnitud del evento y el estado de las redes, porque “esta norma reemplaza ese criterio técnico por un plazo único y rígido, independientemente de si se trata de una interrupción menor o de infraestructura completamente destruida”. Gas: una reconexión que no puede reducirse a un trámite El debate adquiere una dimensión adicional en el caso del gas natural. La Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) planteó a Emol que la normativa no distingue adecuadamente entre la reposición de este suministro y la de otros servicios básicos, debido a que reabrir una instalación implica comprobar previamente que no existan fugas u otras condiciones peligrosas. “Un plazo perentorio, indiferenciado e imposible de cumplir sin arriesgar la seguridad. Fija 48 horas idénticas para todos los casos, sin distinguir las condiciones reales tras una catástrofe -acceso, daño estructural dentro de los muros, necesidad de certificación”. La asociación profundizó además que existen exigencias de seguridad que deben mantenerse aun en escenarios de emergencia. Entre ellas mencionó la inspección de las instalaciones, pruebas de hermeticidad, revisión de artefactos y la presencia de un adulto antes de habilitar el servicio. “Un plazo perentorio, indiferenciado e imposible de cumplir sin arriesgar la seguridad. Fija 48 horas idénticas para todos los casos, sin distinguir las condiciones reales tras una catástrofe -acceso, daño estructural dentro de los muros, necesidad de certificación. En los hechos, obliga a elegir entre cumplir el plazo o reponer de forma segura” Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN)Otro reparo dice relación con que el artículo 31 podría hacer incompatibles esas obligaciones con el plazo impuesto. “Trata la reconexión de gas como si fuera la de la luz o el agua. Reabrir el gas introduce un combustible inflamable en una instalación cuyo estado se desconoce tras un sismo”. La emergencia y la disputa por las prioridades Un quinto punto de conflicto es la utilización de las cuadrillas durante una emergencia. La AGN planteó que los equipos especializados deben concentrarse inicialmente en controlar daños en la red y asegurar el funcionamiento de servicios críticos, antes de abordar reconexiones individuales derivadas de deudas anteriores. “Invierte las prioridades de la emergencia. La propia reglamentación obliga a restituir primero el servicio en hospitales, cárceles y albergues, y a controlar fugas y focos de inflamación de la red antes que nada”. Por último, a juicio de las empresas de gas, el problema también se extiende al régimen de compensaciones asociado al incumplimiento del plazo. La AGN sostuvo que la norma podría terminar sancionando situaciones en las que la empresa no tiene capacidad técnica para intervenir de manera segura. “Sanciona con compensaciones automáticas una imposibilidad técnica. Adjunta penalidades por no cumplir un plazo que la propia técnica declara impracticable, sin distinguir si el incumplimiento es o no imputable a la empresa” Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN)”Sanciona con compensaciones automáticas una imposibilidad técnica. Adjunta penalidades por no cumplir un plazo que la propia técnica declara impracticable, sin distinguir si el incumplimiento es o no imputable a la empresa”. El eventual costo para las tarifas La discusión sobre la factibilidad de la norma abre, además, una interrogante económica para las familias: cuánto costaría contar con suficientes recursos para cumplir permanentemente el estándar de 48 horas frente a una catástrofe. Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, es categórico: “tal cual como está (la norma) indudablemente subirían las tarifas. Dado que para cumplir con las 48 horas habría que financiar en tarifa todas las cuadrillas necesarias”. El académico explicó a Emol que el problema no sería simplemente aumentar algunos equipos, sino multiplicar de manera significativa la capacidad disponible. “Las cuadrillas se pagan en la componente de distribución de la empresa modelo. Por ejemplo, si actualmente financia 300 cuadrillas, para alcanzar las 48 horas habría que multiplicarlas por al menos 10 veces. Eso es una locura”. “Tal cual como está indudablemente subirían las tarifas. dado que para cumplir con las 48 horas habría que financiar en tarifa todas las cuadrillas necesarias” Humberto VerdejoPara Verdejo, el objetivo de proteger a los usuarios es atendible, pero el mecanismo aprobado no considera suficientemente las condiciones reales en las que tendría que operar. “La norma me parece bien el espíritu que tiene, pero deja totalmente fuera la practicabilidad de la norma”, acotó. Y advirtió que mantener el estándar sin modificarlo tendría dos consecuencias: dificultades para cumplirlo en una emergencia y mayores costos para financiar la capacidad necesaria. “Entonces, por un lado, las 48 horas se traducen en algo impracticable a realizar, deja en segunda instancia la seguridad y si se mantuviese la norma, la tarifa indudablemente tendría que subir para poder alcanzar el estándar de las 48 horas”. Una ley corta Desde las empresas de servicios básicos plantean que una eventual modificación legal no debería eliminar la obligación de facilitar las reconexiones, sino distinguir entre aquellos trámites que pueden flexibilizarse y las verificaciones técnicas que deben mantenerse. Fuentes al interior de dichas empresas explicaron a Emol que el camino sería “una ley corta que distinga trámite de verificación”, aunque el Ejecutivo no avanzará en aquello. Como antecedente, mencionan una resolución de la SEC dictada tras los incendios de Valparaíso, que permitió flexibilizar aspectos administrativos, pero mantuvo las exigencias de seguridad. “El principio ordenador ya existe. Tras los incendios de Valparaíso, la Resolución Exenta SEC N°8.222/2015 flexibilizó lo administrativo —el pago previo, el cobro de la visita— pero mantuvo intactas las verificaciones de seguridad. Ese es el modelo: se puede simplificar el trámite, no la verificación”, precisaron. Entre las modificaciones que plantearían estaría diferenciar el gas de la electricidad y el agua, reemplazar el plazo rígido por un estándar de reposición sujeto a las condiciones de seguridad, mantener como obligatorias las verificaciones técnicas y priorizar servicios críticos antes que reconexiones individuales. También plantean que las compensaciones deberían aplicarse únicamente cuando exista responsabilidad de la empresa, excluyendo situaciones de imposibilidad técnica o fuerza mayor derivadas directamente de una catástrofe.

Fuente: Emol.com