Planta y contrata, evaluaciones débiles y trabas para desvincular: Los nudos en el empleo público.

Jueves 13 de Agosto 2026.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que comenzará esta semana una comisión transversal para abordar el tema a través de un cambio al Estatuto Administrativo.

La decisión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de impulsar una revisión del Estatuto Administrativo abrió un intenso debate sobre las principales rigideces que actualmente enfrenta el empleo público y los cambios que debería abordar una eventual reforma. La iniciativa será analizada por una comisión transversal que comenzará su trabajo esta semana y que, según ha señalado el jefe de Teatinos 120, dispondrá de un par de meses para elaborar sus conclusiones.

Aunque Quiroz ha evitado adelantar los cambios específicos que impulsará el Gobierno, ha señalado que existen “muchos temas de rigideces” y que el objetivo es avanzar hacia una normativa más moderna, que permita que “el Estado sirva mejor a la ciudadanía”. De esta forma, y aunque los funcionarios públicos están en contra de lo planteado por el jefe de la billetera fiscal, entre los expertos han respaldado la discusión, indicando que existe coincidencia en algunos de los principales problemas. Planta y contrata Uno de los principales cuestionamientos apunta a la coexistencia de diferentes regímenes de contratación y, particularmente, a la distancia que existe entre lo establecido originalmente en el Estatuto Administrativo y la forma en que actualmente funciona el empleo público. El director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, planteó que se requiere “de una vez por todas una reforma profunda al anacrónico Estatuto Administrativo”, que permita poner término a la dualidad entre funcionarios de planta y a contrata. Su propuesta es avanzar hacia “un régimen único de contratación”, que combine mayores niveles de flexibilidad con protección para los trabajadores ante el término del vínculo laboral. Bravo ha advertido, además, que actualmente existe una diferencia significativa entre ambos regímenes. “En la práctica, quienes están en la modalidad de planta tienen una inamovilidad extrema, lo que impide la desvinculación incluso ante el incumplimiento de los deberes por parte del trabajador, debido a lo engorroso de los procesos”, señaló a Emol. Desde otra perspectiva, el académico de la Universidad Alberto Hurtado Enrique Rajevic apuntó en el Diario Financiero a que el problema central es que el esquema originalmente diseñado para el empleo público dejó de cumplirse. “El elemento central es que el régimen, que en teoría sería el que corresponde al empleo público, no se ha respetado; y eso genera incertidumbre”, sostuvo. Según las cifras citadas por Rajevic, originalmente se contemplaba que hasta un 20% del empleo pudiera encontrarse bajo la modalidad de contrata. Actualmente, en cambio, ese régimen representa cerca del 58% del empleo total, mientras los funcionarios sujetos al régimen de carrera bordean el 22%. Una crítica similar realizó el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber en entrevista con La Tercera. Según sostuvo, la regulación establece que las plantas deberían ser predominantes dentro del Estado, pero actualmente “menos de un tercio del empleo es de planta y el resto del empleo es contrata u honorario”. Para Weber, estas modalidades terminaron convirtiéndose en “vías de escape” utilizadas por sucesivos gobiernos para incorporar personal ante las dificultades para modificar las estructuras permanentes del Estado. Dificultades para adaptar los servicios La dificultad para modificar las plantas de los organismos públicos aparece como otra de las rigideces identificadas por los especialistas. El director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, sostuvo al DF que el régimen de contrataciones “de todos modos debería cambiarse” y ser reemplazado por una modalidad más flexible. El también vicepresidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado explicó que las plantas de los servicios públicos están definidas por ley, por lo que la creación o eliminación de divisiones y funciones puede requerir pasar por el Congreso. “Necesitamos un empleo público mucho más dinámico y eso significa una posibilidad de contratar más fácil y una posibilidad también de causales de remoción más precisas.” vicepresidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado, Ignacio Irarrázaval “Necesitamos un empleo público mucho más dinámico y eso significa una posibilidad de contratar más fácil y una posibilidad también de causales de remoción más precisas, pero más amplias también, como puede ser la supresión o la creación de nuevas funciones públicas”, afirmó. Weber, por su parte, sostuvo que la incapacidad del sistema político para modernizar el Estatuto Administrativo fue generando mecanismos alternativos para solucionar sus problemas. “Ante la falta de haber llegado a acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo para modernizar el estatuto administrativo nos fuimos llenando de manera inorgánica de ‘tapa-hoyos'”, señaló. Entre ellos mencionó los sucesivos dictámenes de Contraloría y la aplicación de la denominada confianza legítima, que, según afirmó, provocó que en los hechos funcionarios a contrata pudieran transformarse “en una nueva planta, es decir, inamovible”. Las evaluaciones Otro de los puntos donde existe amplia coincidencia entre los expertos es la necesidad de modificar el sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos. Para Bravo, este constituye uno de los problemas más relevantes del régimen actual. “Uno de los problemas más graves en la actualidad es que no existe un mecanismo de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos que sea exigente y que genere consecuencias reales en función del desempeño, premiando el desempeño destacado y castigando el mal desempeño”, sostuvo a Emol. La directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, también planteó a Diario Financiero que las calificaciones deberían reflejar efectivamente el rendimiento de los trabajadores. Entre sus propuestas está incorporar al salario las bonificaciones asociadas a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que, según señaló, reciben el 99% de las instituciones estatales, y avanzar hacia un sistema capaz de ordenar a los funcionarios de acuerdo con su desempeño. El exministro de Hacienda Ignacio Briones también puso el desempeño en el centro del debate. A través de su cuenta de X manifestó su “total apoyo” a la discusión impulsada por el Ejecutivo y sostuvo que el país requiere “un estatuto administrativo moderno, basado en el mérito y que limite el cuoteo político; sin inamovilidad y con evaluaciones de verdad, con consecuencias”. El peso del mérito en el ingreso y desarrollo de la carrera funcionaria constituye otro de los elementos que los especialistas consideran necesario reforzar. Briones ha planteado que un nuevo Estatuto Administrativo debiera contemplar acceso y progresión por mérito, además de una reducción significativa de los cargos asignados mediante criterios políticos. La polémica con la Anef La revisión del Estatuto Administrativo también abrió un flanco con los funcionarios públicos. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) rechazó la comisión anunciada por Hacienda y acusó una “grave descoordinación” al interior del Gobierno, sosteniendo que ya existe una instancia formal de diálogo con el Ejecutivo para abordar materias vinculadas a la modernización del Estado. Según la organización, el pasado 20 de mayo su directiva se reunió con el Presidente José Antonio Kast y, tras ese encuentro, se habría encargado al Ministerio del Trabajo, al Servicio Civil y a la Subdirección de Racionalización de la Función Pública conducir una mesa de trabajo con el gremio. Por ello, la Anefcuestionó que Hacienda anunciara una nueva comisión sin participación de los trabajadores. “La modernización de la gestión pública y la regulación de la carrera funcionaria no pueden resolverse a espaldas de las y los trabajadores ni quedar reducidas a la mirada de una comisión de ‘técnicos’ designados unilateralmente.” Anef “La modernización de la gestión pública y la regulación de la carrera funcionaria no pueden resolverse a espaldas de las y los trabajadores ni quedar reducidas a la mirada de una comisión de ‘técnicos’ designados unilateralmente”, sostuvo la agrupación. El gremio incluso elevó el tono y emplazó al Ejecutivo a aclarar la conducción del proceso. “La ciudadanía, las y los trabajadores públicos tienen derecho a saber: ¿quién gobierna, el Presidente Kast o el ministro Quiroz?”, señaló.

Fuente: Emol.com