Jueves 22 de Octubre 2026.
La iniciativa también entrega nuevas herramientas a Migraciones para notificar los procedimientos.
El Congreso despachó a ley este martes el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular. La iniciativa, que comenzó durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y fue modificada por la actual administración de José Antonio Kast, apunta a facilitar la ejecución de estas medidas y ampliar las herramientas para localizar a quienes tienen órdenes de expulsión vigentes.
La propuesta fue aprobada por el Senado con 37 votos a favor y una abstención, de la senadora Claudia Pascual (PC), luego de que el lunes recibiera el respaldo de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo espera que la normativa contribuya a avanzar en las órdenes pendientes de ejecución, que las autoridades han cifrado en cerca de 40 mil. Estas son las principales modificaciones que contempla el texto: La PDI podrá pedir autorización judicial para ingresar a domicilios Una de las principales novedades es que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar al juez de garantía autorización para ingresar al inmueble donde se encuentre una persona extranjera que tenga una orden de expulsión administrativa firme, con el objetivo de detenerla y concretar la medida. La solicitud deberá identificar a la persona y el domicilio, además de acompañar una copia de la resolución de expulsión. Antes de ejecutar el ingreso, la policía también deberá consultar al Ministerio Público, por un medio expedito y confidencial, si existen investigaciones en curso relacionadas con la persona o el inmueble. La prohibición de reingreso sube a cinco años El proyecto eleva de tres a cinco años el plazo mínimo durante el cual una persona extranjera expulsada administrativamente tendrá prohibido volver a ingresar a Chile. La modificación busca reforzar las consecuencias de una expulsión y establecer un período más extenso de restricción para el retorno al territorio nacional. Migraciones podrá solicitar datos para ubicar y notificar a extranjeros La normativa entrega nuevas herramientas al Servicio Nacional de Migraciones para obtener información que permita notificar los procedimientos de expulsión. Para ello, podrá requerir antecedentes a personas naturales, empresas y funcionarios públicos, incluidos datos como el domicilio y el correo electrónico. La disposición contempla excepciones expresas: no se podrá exigir esta información a niños, niñas y adolescentes ni a establecimientos educacionales y centros de salud públicos y privados. Se podrá solicitar la expulsión inmediata de extranjeros formalizados por ciertos delitos Otro de los cambios permite que el Servicio Nacional de Migraciones solicite autorización judicial para ejecutar la expulsión inmediata de extranjeros en situación migratoria irregular que estén formalizados, acusados o requeridos por un simple delito, siempre que la pena concreta que pudiera imponerse no supere los tres años de privación de libertad y que no existan condenas anteriores por crimen o simple delito. El texto, además, contempla la intervención del Ministerio Público para resguardar investigaciones penales cuando exista un interés prevalente en la persecución de los delitos. Se amplían las causales para decretar expulsiones administrativas La iniciativa incorpora las graves alteraciones del orden público entre los motivos que pueden habilitar al subsecretario del Interior para decretar una expulsión administrativa. Con ello, el proyecto amplía las causales contempladas para aplicar esta medida y busca reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a situaciones que afecten la seguridad y el orden público.
Fuente: Emol.com