Viernes 02 de Octubre 2026.
Informe técnico alertó una “indefinición problemática para prevenir, especialmente, la explotación económica”.
Concluyó, además, que la propuesta “carece de herramientas claras para que la judicatura evalúe la eventual vulnerabilidad de la gestante”.
La Corte Suprema remitió a la presidencia del Senado su informe oficial respecto al proyecto de ley que busca regular la gestación por subrogación altruista mediante la modificación de diversos cuerpos legales.
El oficio, fundamentado tras ser analizado por el Tribunal Pleno el pasado 14 de septiembre, advirtió sobre la complejidad de las nuevas competencias que la iniciativa otorga a los juzgados de familia.
Si bien el máximo tribunal reconoció que la normativa entrega “una importante responsabilidad en el control de la legalidad del acuerdo de gestación por subrogación que regula la iniciativa, así como en la protección de quienes intervienen en él”, alertó sobre vacíos críticos en su diseño.
“Se observa (…) falta de precisión en el proyecto de ley respecto a las funciones de la judicatura, a la que se encomienda verificar la legalidad y validez de los consentimientos, sin claridad sobre si su control es formal o sustantivo. Esta indefinición es problemática para prevenir, especialmente, la explotación económica, ya que la amplia lista de gastos reembolsables permitidos por el proyecto podría hacer muy tenue la línea entre compensación legítima e incentivo económico. Además, el proyecto carece de herramientas claras para que la judicatura evalúe la eventual vulnerabilidad de la gestante”, explicó el informe.
Asimismo, el tribunal concluyó que “la opción por la que se decanta el proyecto para velar por la legalidad de esta clase de acuerdos y por los derechos de quienes se sometan al mecanismo de gestación por subrogación altruista – particularmente de la persona gestante–, al menos en los términos actualmente propuestos, presenta complejidades que aconsejan repensar su diseño“.
Finalmente, el informe enfatizó que, en caso “de mantener radicada en la judicatura la aprobación del acuerdo en análisis, debe evaluarse la necesidad de aprovisionamiento de recursos (dotacionales y financieros) que permitan al Poder Judicial asumir correctamente los nuevos retos que podría implicar, los cuales requerirán, por cierto, esclarecer las interrogantes planteadas acerca del alcance de la autorización judicial”.
Fuente: www.cooperativa.cl