Miércoles 12 de Agosto 2026.
Esta indicación parlamentaria, que fue aprobada en el Congreso, no tiene relación con las ideas matrices de la reforma, sostienen desde el Ejecutivo.
El Ejecutivo presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional sobre la megarreforma, buscando impugnar un artículo sobre la obligación de reconexión gratuita de los servicios en zonas de catástrofe.
Se trata del artículo 31 del proyecto, donde se indica que las empresas de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas deberán reconectar “de forma gratuita y sin condición previa de pago” a los usuarios, incluso si estaban desconectados por no pago antes del estado de catástrofe.
Junto a esto, el texto define plazos obligatorios para la reconexión: 48 horas para electricidad y gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado.
La Moneda dice que esta disposición fue incluida mediante una indicación parlamentaria y que no tiene relación con las ideas matrices de la iniciativa, vulnerando el artículo 69 de la Constitución.
La senadora comunista Karol Cariola, que impulsó esta propuesta, expresó su sorpresa porque según ella, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “asumió un compromiso de no vetar esta indicación”.
“Me lo dijo personalmente, porque (en el Gobierno) compartían el espíritu de la norma ante la situación de catástrofe que vivía nuestro país. Sin embargo, recibimos con desazón y con mucha decepción que lo hayan ingresado al TC para poder suprimirlo por esa vía”, manifestó la opositora.
No obstante, el ministro Quiroz aseveró que “no estamos cerrados a que se haga algún tipo de norma especial para el tipo de catástrofe con estos servicios, pero que se redacte bien, y a lo mejor sea algo con artículo único. Pensamos que es una idea que incluso se puede perfeccionar”.
Reparos contra el ministro Alvarado
A su vez, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, admitió que el recurso en cuestión “es una información con la cual yo no contaba, así que no me voy a referir a eso”.
Para el diputado socialista Daniel Manouchehri, “cuando un ministro del Interior no tiene conocimiento de las decisiones importantes de este Gobierno, y es el último al que se le avisan, estamos en presencia de situaciones graves, y si el ministro tuviese un mínimo de dignidad, debería renunciar”.
Masiva audiencia pública en el TC por recursos opositores
Por lo pronto, el TC está ad portas de una masiva audiencia pública este miércoles, en la que sus ministros escucharán a 56 organizaciones o instituciones que manifestaron interés en los requerimientos opositores contra el proyecto estrella del Gobierno.
La abogada Roxana Núñez, de la ONG Greenpeace, aprovechará la instancia para solicitar que la posibilidad de realizar micro-relocalizaciones salmoneras sin pasar por una nueva evaluación ambiental no sea parte de la futura ley.
“Si una actividad puede moverse hacia lugares protegidos sin pasar por una mínima evaluación ambiental, entonces la pregunta es obvia: ¿De qué están realmente protegidas esas áreas si no somos capaces de protegerlas frente a un daño inminente? Esto no es abstracto, ya que dos de cada tres solicitudes de micro-relocalización salmonera que analizamos tendría como destino un área protegida”, observó.
Con todo, “esperamos que el Tribunal resuelva marcando un límite de sentido común en temas de regulación ambiental”.
Fuente: www.cooperativa.cl