Viernes 26 de Junio 2026.
Desde el organismo apuntaron a la gestión del exdirector de Migraciones por un serie de incumplimientos.
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, continúa bajo la lupa luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un lapidario informe final de su gestión tras la llegada irregular de niños desde Haití. El organismo fiscalizador detectó una serie de incumplimientos en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, entre ellos certificados vencidos o sin legalización, ausencia de documentos obligatorios y la emisión de un memorándum que flexibilizó requisitos establecidos en la ley y el reglamento, pese a que dicha facultad no correspondía al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en ese entonces liderado por Thayer.
El documento también dio cuenta de incumplimientos en distintas instituciones, entre ellas el Sermig, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, vinculados a debilidades de control interno, falta de coordinación y falencias en la gestión de los procesos migratorios. La fiscalización fue lapidaria con la gestión de Thayer. El informe constató que en mayo de 2024 el servicio definió a través de un memorándum “excepciones a los requisitos, documentos y vigencias legales o procesos excepcionales de revisión que no están contemplados en la normativa legal y reglamentaria” bajo la figura de reunificación familiar, por lo que según el artículo 7 de la Constitución, “todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. “Los requisitos y documentación idónea para el ingreso y egreso del país están establecidos en la citada ley y en sus respectivos reglamentos, no pueden ser modificados o exceptuados mediante un simple memorándum, como se hizo a través del documento que se adjunta en la respuesta del servicio, pues ello implica arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria en su caso”, sostuvo el órgano fiscalizador. Y concluyó que “al haberse adoptado la decisión de que se trata solo mediante un memorándum, en circunstancias que se trata de materias de ley o, en su caso, reglamentarias, sometidas a control de juridicidad preventivo, se configuró una evidente vulneración a nuestro ordenamiento jurídico”. A la salida de la comisión, reiteró que el memorándum “tiene todo el fundamento legal. Y esto es lo que vamos nosotros a exponer, ciertamente, en las investigaciones y en las instancias administrativas y, eventualmente, judiciales que vamos a evaluar por delante”. “Yo voy a hacer uso de la información y de los elementos jurídicos de que dispongo, a partir de los cuales fundé la decisión que tomé. Y yo lo que les puedo decir es que tengo la convicción y por eso hay un debido proceso, de que esas decisiones, respecto del consulado haitiano y respecto al consulado venezolano tienen fundamento en la ley, no solo en la ley de migraciones, sino también en el estatuto administrativo”, defendió el exjefe de Migraciones. Lo que arriesga Thayer Ante los hallazgos detectados, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias, lo que incluiría a Thayer dado que lideraba el Sermig. En conversación con Emol, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, señaló que además de las eventuales responsabilidades administrativas por el memorándum, Thayer también arriesga sanciones en su calidad de exdirector de servicio.
Esto, “de acuerdo con el Estatuto Administrativo (Ley 18.834), las medidas disciplinarias aplicables a funcionarios son la censura, la multa, la suspensión y la destitución”. Sin embargo, cuando se trata de una autoridad que ya dejó su cargo como es el caso de Thayer en su rol de exdirector, Olivares mencionó que “el sumario administrativo debe continuar hasta su término. Si la gravedad de la falta –como alterar requisitos de una ley de Extranjería sin atribuciones– determina que le habría correspondido la sanción máxima de destitución, la consecuencia legal y práctica es la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 5 años”. Además, el académico de la UA señaló que “cuando un jefe de servicio toma decisiones fuera de las facultades que le otorga la ley, arrogándose poderes que no posee o dictando actos administrativos contrarios al texto expreso de la ley (como modificar normas de ingreso al país mediante un simple memo interno), la investigación del Ministerio Público podría apuntar a delitos funcionarios”. “Estos suelen enmarcarse en figuras como la prevaricación administrativa (dictar a sabiendas resoluciones arbitrarias o manifiestamente injustas en un asunto administrativo) o abuso contra particulares o usurpación de funciones”, señaló el abogado. Con todo, afirmó que “quedará en manos de la Fiscalía decidir si los hechos reúnen los requisitos penales para una formalización o si se agotan exclusivamente en infracciones de carácter administrativo”. En el ámbito político, lo ocurrido con Thayer daña la reputación del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric. Según Kenneth Bunker, director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), señaló que “desde la herencia fiscal a los casos de corrupción, hay múltiples áreas que son abiertas y ayuda básicamente a a consolidar una narrativa de fallas multisistémicas del gobierno anterior”. En el caso del área de migración, “los chilenos creo que entienden que hay una asociación entre la migración y la crisis de seguridad”. “En la historia va quedando más claro que el gobierno anterior fue partícipe de haber bajado las barreras, de no haber hecho lo suficiente, y creo que obviamente eso daña la reputación de ese gobierno del presidente anterior, y genera duda sobre qué otro tipo de puertas se abrieron”, señaló el académico de la USS. Desvinculación de universidad Cabe señalar que el viernes pasado la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) desvinculó a Thayer en medio de todo el escándalo por el caso de niños haitianos. El exdirector de Migraciones se desempeñaba como investigador en el plantel, y desde la Dirección de Gestión de Personas le comunicaron su término de contrato de trabajo por “necesidades de la empresa”.
En la misiva se consignó que “la Universidad enfrenta una grave situación financiera derivada de pérdidas operacionales sostenidas durante los últimos años”, donde se registraron pérdidas entre 2022 y 2024 superiores a los MM$7.502″. Sumaron que “hemos sufrido una disminución en la matrícula de casi un 17%, pasando de 7.100 estudiantes en 2020 a menos de 5.880 en el año 2025”, y que se ven en la necesidad de “seguir disminuyendo una importante parte de los costos de personal -MM$15.546 en 2025-, pues son éstos los que constituyen el mayor gasto de la institución”. En ese sentido, agregaron que la desvinculación se debía, en parte, por su vinculación con el caso de niños haitianos, ya que mencionan que “ha resultado ineludible considerar situaciones de reciente ocurrencia que han expuesto la imagen institucional, afectando nuestra marca y su prestigio, producto de su comparecencia en medios de comunicación nacional por coyunturas ajenas al quehacer académico de la Universidad”. Por ejemplo, mencionan una entrevista a 24 Horas en que “fue reiteradamente señalada su calidad de académico de la Universidad en conjunto con un cargo recientemente ejercido por usted, sin aclaración de su parte de que dicha entrevista la realizaba como ex Director Nacional de un servicio público y no como académico de la Universidad Católica Silva Henríquez”. “Dicha conducta ha traído cuestionamientos a la Iglesia Católica en redes sociales, producto del vínculo -injustificado en el contexto ya señalado- con nuestra Universidad y su carácter de institución de la Iglesia. Con todo, tales situaciones tienen origen en el incumplimiento de los deberes que le asisten en cuanto académico”, señalaron.
Fuente: Emol.com