Miércoles 24 de Junio 2026.
Son varios frente a los que apunta el Ejecutivo para impulsar la creación de puestos de trabajo.
La preocupación por el mercado laboral se está instalando con fuerza en La Moneda. Van 40 meses con la tasa de desempleo sobre 8%, esta incluso superó el 9% en el trimestre febrero-abril — su mayor nivel desde junio de 2021, en plena crisis por la pandemia de covid-19— y la desocupación femenina tocó el 10,5%. ¿Lo peor? No se espera que estas cifras mejoren en el corto plazo. Por eso, a juicio de expertos y del mismo Gobierno, impulsar medidas para incentivar la creación de puestos de trabajo se ha vuelto urgente.
Dentro del Gobierno se reconoce que el invierno suele golpear con más fuerza la contratación y que el mercado laboral podría mostrar nuevas señales de deterioro antes de comenzar a repuntar. El Presidente José Antonio Kast dijo que “todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades y por eso hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”. La señal va en línea con lo que ya han transmitido otras autoridades del equipo económico, en especial el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien ha planteado que no sería “sorprendente” observar una tasa de desempleo incluso más alta. “Todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades y por eso hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar” Presidente José Antonio Kast En ese contexto, el Gobierno ha comenzado a desplegar una agenda laboral que apunta a mayor flexibilidad y adaptabilidad, dos conceptos que formaron parte de los compromisos de campaña de Kast y que hoy aparecen como uno de los ejes centrales de su estrategia. El diagnóstico que cruza a economistas, gremios empresariales y autoridades es que la recuperación del empleo requiere más crecimiento, incentivos a la contratación formal y una modernización de las reglas laborales. Pero también hay una advertencia que se repite con fuerza: los costos de contratar han subido de manera significativa en los últimos años. Expertos han apuntado al impacto combinado de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el fuerte aumento del salario mínimo y el incremento de las cotizaciones previsionales aprobado en la reforma de pensiones. Todas estas medidas juntas han generado crecientes presiones en el mercado del trabajo, estrechando los márgenes de contratación formal. Crédito Tributario al Empleo, Sala Cuna y Estatuto laboral para el Turismo Dentro de todas las medidas que maneja el Ejecutivo, hay dos que ya están en tramitación. El Crédito Tributario al Empleo, incluido en el proyecto de reconstrucción, busca facilitar la incorporación formal de más de 800.000 personas desempleadas. En tanto, la indicación al proyecto de Sala Cuna Universal —ingresada el lunes pasado— contempla una implementación gradual de cuatro años y un financiamiento basado en una cotización cercana al 0,3%, compensada con una reducción en el seguro de cesantía, de modo de no encarecer la contratación. Además de esas dos iniciativas que hoy se encuentran en el Congreso, el Gobierno también prepara un Estatuto Laboral para el Turismo, anunciado por el Presidente Kast durante su Cuenta Pública. La iniciativa busca entregar mayor adaptabilidad a una industria marcada por temporadas altas y bajas, y que suele concentrar parte relevante de su contratación en períodos específicos del año. Durante su discurso, el Mandatario sostuvo que el nuevo marco normativo buscará fomentar la contratación durante las temporadas de mayor actividad y generar mecanismos para compensar los períodos de menor demanda. La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, valoró el anuncio y señaló que “el Presidente ha dado una señal clara de que el turismo debe ser un sector clave para el desarrollo del país”. Según dijo, el estatuto permitiría avanzar en mejores condiciones tanto para empleadores como para trabajadores, “reconociendo la realidad propia de una industria que funciona con temporadas altas y bajas”. “Esto permitirá aprovechar de mejor manera los períodos de alta demanda turística, con mayor adaptabilidad y siempre con responsabilidad”, agregó. Contratos por hora Uno de los anuncios más recientes del menú laboral del Ejecutivo es la decisión del Gobierno de reactivar el proyecto que regula los contratos de trabajo por hora, una iniciativa ingresada en 2018 por el entonces senador Andrés Allamand, junto a Rodrigo Galilea, Rafael Prohens y Kenneth Pugh. La propuesta llevaba años sin avances sustantivos en el Senado, pero volvió a tomar fuerza luego de que Presidencia ingresara, el pasado 9 de junio, un oficio para ponerle urgencia simple. Con ello, la comisión de Trabajo del Senado comenzará su debate esta jornada a la que fue citado el ministro Rau. El proyecto permite que empleadores y trabajadores celebren contratos para prestar servicios por una cantidad determinada de horas acordadas entre ambas partes, con un límite de 30 horas semanales o 120 horas mensuales. Es decir, no se trata de una jornada completa, sino de una modalidad dentro del régimen de jornada parcial. Uno de sus puntos centrales es que las partes podrán pactar la forma y anticipación con que el trabajador será avisado para concurrir, aunque el texto fija un piso, ese aviso no podrá ser inferior a 24 horas. Además, el contrato por horas podrá celebrarse a plazo indefinido, a plazo fijo o por obra o faena determinada. La moción también regula el pago por hora y contempla que las partes puedan acordar una remuneración por cada hora trabajada superior al doble del valor hora correspondiente al ingreso mínimo mensual. Actualmente, desde mayo, el ingreso mínimo mensual se ubica en $553.553. Desde el Gobierno, la defensa de la iniciativa apunta a formalizar actividades que hoy, según sostienen, operan en la práctica con altos niveles de informalidad. Rau señaló que existen sectores donde la demanda fluctúa y donde no necesariamente hay continuidad laboral permanente, como ocurre en parte del sector gastronómico. “Va a permitir formalizar y dar más oportunidades a quienes más lo necesitan” Ministro del Trabajo, Tomás Rau “La idea es reconocer que existen actividades en las que a veces la demanda fluctúa”, sostuvo el ministro. Según explicó, las reglas actuales pueden empujar relaciones laborales informales, mientras que el proyecto busca darles una institucionalidad. “Va a permitir formalizar y dar más oportunidades a quienes más lo necesitan”, afirmó. Asimismo, frente a las críticas por un eventual riesgo de precarización, Rau planteó que “lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien”. El ajuste a las 40 horas y la indemnización a todo evento Además de todas las iniciativas anteriores, hay dos piezas relevantes dejadas entrever por el Gobierno, aunque no se han materializado. La primera y la más polémica sería la eventual modificación al sistema de cálculo de la ley de 40 horas, una de las reformas laborales emblemáticas del gobierno anterior. El ministro Rau anticipó que “próximamente” se anunciará una iniciativa orientada a la “flexibilización del promedio de cálculo de las 40 horas”. Actualmente, la normativa permite distribuir la jornada en ciclos acotados de hasta cuatro semanas, por lo que el plan del Ejecutivo apuntaría a ampliar esa fórmula. Una pista de esa dirección la entregó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que “hay muchos países desarrollados que tienen un régimen de 40 horas y lo miden en un promedio anual y eso permite mayor adaptabilidad en las actividades que son temporales como el turismo o el sector agrícola”. Una segunda medida en evaluación es la indemnización laboral a todo evento. En conversación con EmolTV, el ministro Rau sostuvo que el actual sistema de indemnizaciones ante despidos tiene un costo elevado para las empresas y lo comparó con la realidad de otros países desarrollados. “Es uno de los más altos de los países de la OCDE”, señaló. Según explicó, mientras en Chile un trabajador con cinco años de antigüedad puede recibir cinco sueldos si es desvinculado por necesidades de la empresa, en la OCDE un trabajador promedio en una situación similar recibe aproximadamente la mitad. Rau también apuntó a un problema de cobertura. “Hoy en día un poco más del 20% de las relaciones laborales se terminan por necesidades de la empresa, entonces solo un poco más del 20% tiene acceso a eso”, sostuvo. Entre las fórmulas que se han estudiado está la posibilidad de que los empleadores aporten una cotización adicional al Seguro de Cesantía, de modo que, al finalizar la relación laboral, el trabajador pueda cobrar esos fondos incluso en escenarios distintos al despido por necesidades de la empresa. “El empleador tiene que poner una cotización, en su momento la calculas al 1,8%, que sumando a lo que contribuye actualmente el empleador al Seguro de Cesantía, hace una indemnización a todo evento”, explicó el secretario de Estado. El informe que viene Esta semana también será clave por la entrega del informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, instancia convocada por el Ministerio del Trabajo y presidida por David Bravo. El comité de expertos fue convocado el 8 de mayo y durante las últimas semanas recibió más de 80 iniciativas provenientes de organizaciones sociales y personas naturales, además de sostener alrededor de 40 audiencias. Su objetivo es construir propuestas concretas para incentivar la creación de empleo formal, con énfasis en empleo femenino, reducción de la informalidad y formación de capital humano. Además de Bravo, la mesa está integrada por María José Zaldívar, Alejandro Micco, Cecilia Cifuentes, Claudia Martínez, María “Cucky” Pérez, Ricardo Ruiz de Viñaspre, María José Abud y Benjamín Villena-Roldán. El informe será entregado este viernes y podría terminar de ordenar el paquete laboral del Gobierno.
Fuente: Emol.com