Estudios fuera de Chile, emprendimientos y viajes: Contralora da ejemplos de funcionarios públicos que mal usaron licencias.

Lunes 26 de Mayo 2025.

Además, informó que existen 106 mil funcionarios públicos que no están registrados en el sistema, lo que podría implicar que el número de usos indebidos de licencias aumente.

La contralora general de la república, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión de Salud del Senado en el marco del escándalo por el uso irregular de licencias médicas. Luego de que el órgano fiscalizador revelara que entre el 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos habrían hecho un uso indebido de sus días de reposo viajando al extranjero durante todo o parte del período de licencia. Ante los legisladores, Pérez entregó más información acerca de la investigación que encabezó la Contraloría y sobre todo después de las múltiples reacciones que generó esta revelación. Licencias psiquiátricas En respuesta a las observaciones públicas realizadas al informe de la Contraloría respecto a las licencias psiquiátricas —las cuales, según se ha señalado, permitirían mayor movilidad que otros tipos de licencias—, la contralora Dorothy Pérez aclaró que “las licencias psiquiátricas sólo permiten un desplazamiento de acuerdo a la indicación que haya hecho el profesional de la salud, pero no permiten salir del país”. Además, precisó que “si es que se autorizara la salida del país, estaría vulnerando otras disposiciones que obligan a hacer monitoreo y control de que se esté cumpliendo con el tratamiento médico, no el reposo físico en casa en ese caso, sino que el tratamiento médico. De modo que las licencias psiquiátricas tampoco justifican la salida del país”. “No tiene ninguna consideración política” Pérez también se refirió a los años en que se enfocó la investigación (2023 y 2024). Explicó que “nosotros revisamos, de acuerdo a nuestras metodologías de fiscalización, la mayoría de nuestras fiscalizaciones revisan el año inmediatamente anterior. Y esto no tiene ninguna consideración política, y lo quiero hacer presente con mucha fuerza, porque así como frente a las campañas presidenciales que vienen en adelante y parlamentarias, nosotros agregamos una cápita que específicamente señala que la Contraloría requiere que no se instrumentalicen los trabajos que realiza nuestra institución, porque son trabajos técnicos”.

Añadió que aquí “también quisiera ser presente que nosotros elegimos el periodo fiscalizado o el periodo auditado conforme a una metodología, no por decisiones de ningún otro nivel o corte”. “Generalmente uno selecciona el año inmediatamente anterior, pero hay ocasiones en que uno selecciona dos o tres años dependiendo de una serie de factores, entre los cuales está la capacidad de nuestros fiscalizadores en cuanto a dotación”, añadió. Funcionarios que no están registrados Otro punto en el que Pérez hizo especial énfasis fue el llamado a regularizar la situación de los miles de funcionarios públicos que no están registrados en el sistema, pero que igualmente reciben remuneraciones. Dijo que “hay 106.000 funcionarios públicos del mundo municipal que no están registrados en el sistema Siaper (Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado) a pesar de que los municipios tienen esta obligación, y al cruzar esa base de datos con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos que nos informa sus rentas e ingresos, detectamos 106.000 personas que reciben rentas como funcionarios o honorarios en las municipalidades y que no están en Siaper”. La contralora explicó que “esto altera todos los cruces que nosotros podemos hacer. Quiere decir que hay 106.000 personas que en este cruce de base de datos podrían haber estado y no lo están (…) es de máxima relevancia que se cumpla con ingresar a esa base de datos todas las contrataciones que hacen tanto los hospitales como los servicios públicos y los municipios”. Advertencias que se hicieron previamente Pérez también dio cuenta de las advertencias que se hicieron desde la Contraloría previo a la publicación del informe, lo que ha derivado en sumarios por servicio y el envío de antecedentes al Compín. En la Dirección de Presupuestos, una funcionaria con 332 días de licencia médica ejercía otras labores como psicóloga y realizaba actividades de recreación publicadas en redes sociales. En la Subsecretaría de Energía, se comprobó que una funcionaria asistió a una actividad académica mientras tenía licencia médica, acumulando 111 días de reposo al momento de la fiscalización. Otros casos incluyen a una funcionaria de Bienes Nacionales con 345 días de licencia médica, quien viajó al extranjero y realizó actividades de su emprendimiento; y un funcionario del Instituto Geográfico Militar que estuvo de viaje por Europa durante 30 días de licencia. En la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se detectaron dos casos: uno donde un funcionario usó licencia médica durante una comisión de servicio en el extranjero y luego viajó por Europa, y otro en el que una funcionaria con 128 días de licencia realizaba trabajos particulares según publicaciones en redes sociales. También se identificó a una funcionaria de la Junji que, mientras tenía licencia por 140 días, realizaba actividades políticas de campaña como candidata a CORE; y en la Subsecretaría de Salud Pública, una funcionaria con 141 días de licencia se encontraba estudiando en el extranjero, además de tener 100% de teletrabajo. Finalmente, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, una funcionaria con 36 días de licencia fue ubicada en Isla de Pascua mediante redes sociales.

Fuente: Emol.com