Jueves 23 de Julio 2026.
Con una contundente mayoría de 128 votos a favor, la iniciativa reconoce el “derecho a la integridad digital” y fija exigencias a plataformas y creadores de contenido.
Por 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular la creación y difusión de contenidos generados mediante inteligencia artificial u otras tecnologías, con especial énfasis en la prevención de imitaciones digitales realistas conocidas como deepfakes.
La propuesta, informada en Sala por su autora, la diputada frenteamplista Gael Yeomans, consagra formalmente el derecho a la integridad digital —entendido como el derecho de toda persona a que su imagen, cuerpo o voz no sean utilizados sin consentimiento— y define como contenido sintético a cualquier representación en audio, imagen o video alterada o creada por IA que pueda inducir a error o engaño sobre la identidad o declaraciones de una persona real.
Excepciones, exigencias a plataformas y representación legal
El texto legislativo —aplicable a personas naturales, jurídicas y redes sociales que operen en Chile, excluyendo expresamente a la mensajería privada— contempla resguardos para la libertad creativa y fijó nuevas obligaciones corporativas.
Se excluyen de la categoría de deepfakes las parodias, críticas o expresiones artísticas, siempre que sean claramente identificables como tales, no induzcan a error ni causen daño.
La propuesta dicta que las plataformas deberán etiquetar visiblemente todo contenido generado con IA y disponer de canales expeditos de denuncia para que las víctimas soliciten la eliminación del material.
Además, exige a las plataformas digitales extranjeras designar un representante legal en Chile.
Cuestionamientos a las facultades de censura y sanciones previstas
Durante el debate en el hemiciclo, si bien existió consenso sobre la urgencia de frenar la manipulación digital y proteger la honra o la seguridad institucional, diversos parlamentarios expresaron aprensiones respecto a la implementación práctica de la norma.
Entre las dudas planteadas figuró el poder otorgado a las plataformas para decidir qué contenido retirar, advirtiendo eventuales riesgos de inhibición de la libertad de expresión o del desarrollo tecnológico legítimo.
En el ámbito de la responsabilidad civil y penal, la iniciativa autoriza a los tribunales a dictar medidas cautelares de bloqueo o retiro preventivo de contenidos. Respecto al régimen sancionatorio, se proponen multas que van de las 5.000 a las 10.000 UTM (aproximadamente entre 358 y 716 millones de pesos).
El proyecto volverá a ser revisado por la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, instancia donde se abordarán las indicaciones en particular presentadas por los legisladores.
Fuente: www.cooperativa.cl