Retiro de decretos y suspensión de procesos: La “revisión” que impulsa Toledo y abre flanco en medioambiente.

Miércoles 18 de Marzo 2026.

La titular de Medio Ambiente ha mantenido un bajo perfil en esta primera semana de administración.

En medio del despliegue del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, varias carteras -como Seguridad, Hacienda y Vivienda- han destacado por sus anuncios y, durante esta semana, se han conocido definiciones en materia de Medio Ambiente. Se trata de una cartera que no tomó un rol protagónico en durante la campaña presidencial y, en el caso del los ejes programáticos del entonces candidato, José Antonio Kast. Sí se destacaron puntos en torno a la idea de impulsar al tramitación de permisos ambientales para evitar que aquello interfiera con la inversión, según señalaron, “con pleno respeto al medio ambiente”.

Tras el cambio de mando, a pocas horas de haber asumido en el cargo, el Presidente firmó seis decretos, entre ellos, uno que ordena resolver en plazos acotados los recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que permitiría destrabar inversiones por US$16.000 millones. La medida se centra en 51 recursos de reclamación que permanecen pendientes, correspondientes a “proyectos con RCA aprobada que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversión por US$16.000 millones”, señala el documento. El instructivo establece que los recursos vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo. Asimismo, fija plazos específicos para las distintas instancias administrativas del sistema ambiental: hasta 30 días hábiles para recursos ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y 60 días hábiles para aquellos que deban ser revisados por el Comité de Ministros. Suspensión de determinación de sitios prioritarios El fin de semana, la cartera de Medio Ambiente, liderada por la ministra Francisca Toledo, resolvió suspender el proceso de determinación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la implementación de la Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP).

De acuerdo a lo señalado por la cartera, existe un alto volumen de observaciones -casi 10.000- y una diversidad de antecedentes recibidos, que abordan materias tanto técnicas como jurídicas, que deben ser analizados. Agregaron que la suspensión de este proceso también permitirá revisar las “Bases Metodológicas Técnico-Científicas” que orientan el proceso de determinación de sitios prioritarios, con el objetivo de asegurar que la continuación del procedimiento se sustente sobre criterios, robustos, transparentes y debidamente fundamentados. Con todo, señalaron que igualmente se continuará avanzando en la elaboración del reglamento que establezca el procedimiento y criterios para declaración de un sitio prioritario. “Ley para la Naturaleza” La ley que creó el SBAP fue aprobada en junio de 2023 en el Congreso -tras varios años de tramitación- y en septiembre de ese año fue publicada en el diario oficial. También conocida como “ley para la Naturaleza”, el objetivo central de la normativa es fortalecer la conservación de la diversidad biológica del país y proteger su patrimonio natural mediante políticas, instrumentos y financiamiento específicos.

Entre los instrumentos de protección creados por la normativa, están los llamados “sitios prioritarios” que la ley mandató a analizar científica y técnicamente para acotarlos y protegerlos formalmente. En noviembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Maisa Rojas, habilitó una consulta ciudadana para definir -vía decreto- 99 sitios prioritarios, que abarcarían una extensión de alrededor de 4 millones de hectáreas. Esto levantó fuertes reparos desde el mundo empresarial, quienes apuntaron a que ciertas actividades productivas -incluyendo minería y salmonicultura- se verían limitadas. En respuesta, Rojas aseveró que ninguna actividad se vería limitada en los sitios prioritarios, “a menos que sea ilegal”. Retiro de decretos Ayer se conocieron otras definiciones del Ministerio de Medio Ambiente, esta vez, lideradas por el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial. A través de un oficio a la Contraloría, el subsecretario solicitó el retiro del trámite de toma de razón 43 decretos supremos relacionados con la cartera y enviados durante el gobierno anterior. En esa línea, destacaron que el gobierno saliente había ingresado 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 se ingresaron el 10 de marzo, “es decir, el último día de gestión”.

De acuerdo a la cartera, la medida apunta a “asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes”. Por eso, aseguran, “hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República”. Asimismo, aseveraron que esto se enmarca en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno de Kast. Asimismo, enfatizaron que “esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores”. Los 43 decretos que fueron retirados de tramitación abordan materias como el que aprueba el reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y los consejos consultivos regionales del Medio Ambiente; aprueba reglamento para la evaluación ambiental estratégica; establece normas secundarias de calidad ambiental para la protección de aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Huasco; un plan sectorial de adaptación al cambio climático de biodiversidad y otro que establece un plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Puerto Aysén y su parea circundante. Otro decreto retirado de tramitación establece normas de emisión para centrales termoeléctricas; establece norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico; y aprueba plan de recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin. También hay decretos relacionados con la flora y la fauna y la creación de varios parques nacionales. Por ejemplo, el que crea el Parque Nacional “Salar de Gorbea”, en Diego de Almagro; crea el Parque Nacional “Las Parinas”, en Diego de Almagro y la creación del Parque Nacional “Mar de Juan Fernández”, en Juan Fernández y el Parque Nacional, “Nazca Desventuradas II”, en Valparaíso, entre otros. O el que declara monumento natural de especie al pingüino de Humboldt. Flanco por el retiro de decretos El retiro de los decretos abrieron un flanco para el Ministerio de Medio Ambiente. A juicio de expertos, se trata de una “mala señal”, mientras que voces de la oposición recordaron que el proceso detrás de la elaboración de los decretos incluye largos periodos y conversaciones, incluyendo en muchos casos a la comunidad. En el oficialismo, en tanto, afirman que se trata de una decisión “acertada”, pues se trata de acciones para “reactivar la economía”. Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Usach y experto en derecho ambiental, comenta que el retiro de decretos es una “mala señal”, porque estos procedimientos para elaboración de reglamento no se elaboran de un día para otro ni de un mes para otro, sino que varios “vienen desde hace ya incluso varios años”.

“Estos procedimientos administrativos requieren la coordinación de varios órganos de la administración, en muchos casos, también procesos de consulta pública de participación ciudadana y queda la incertidumbre de si se le va a dar valor o no a esos procedimientos para poder dictar estos actos administrativos de orden ambiental en diferentes ámbitos”, remarcó. El experto, de todos modos, destaca que estos procesos de retiro y revisión suelen ocurrir y ha ocurrido en gobiernos anteriores, “pero no deja de ser complejo o llamativo, que todos estos reglamentos, sin expresión de causa y a poco andar del Gobierno, los quieran quitar del procedimiento de toma de razón”. Ayer, en un punto de prensa en el Congreso, la senadora Beatriz Sánchez (FA), comentó que “en los últimos días hemos visto una serie de propuestas que me han llamado la atención (…) creo que a la hora de echar para atrás una serie de protecciones al medio ambiente, que no se levantan porque a alguien se le ocurrió, sino que son fruto de conversaciones largas, de organizaciones que han trabajado a lo largo de Chile, es lo que el país ha ido logrando en materia medioambiental. Todo lo que estamos viendo es poner cierto foco central con la excusa de que el país está en cierta situación”. Por su parte, la senadora por Atacama, Yasna Provoste (DC), planteó la tarde de ayer en la sesión de Sala “la profunda alarma con la que hemos recibido una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno, y que dice relación con una serie de decretos que constituían pilares fundamentales de la política ambiental en nuestro país. Yo entiendo que todo gobierno tiene el legítimo derecho a revisar lo heredado, pero revisar no es lo mismo que retroceder o demoler”. “Quisiera hacer un llamado urgente al Ejecutivo a reconsiderar estas decisiones; el patrimonio natural de Chile no puede ser moneda de cambio, y esta Sala también tiene la responsabilidad de decirlo con claridad y con fuerza”, zanjó la senadora. En tanto, desde el oficialismo, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), comentó que “me parece una decisión acertada, básicamente porque todas las acciones del Presidente en este sentido están orientadas a reactivar la economía del país”. “Todos sabemos que el gobierno del ex Presidente Boric utilizó el ambientalismo extremo para avanzar en su agenda ideológica, lo que no sólo provocó el estancamiento del país, sino que también una baja en la recaudación fiscal que se obtiene por nuevos proyectos productivos, muchos de ellos, bloqueados por artilugios medioambientales”, subrayó. En la misma línea, la senadora RN, Camila Flores, valoró la decisión de Medio Ambiente de “retirar los decretos para revisarlos como corresponde. Era evidente que se estaban impulsando decisiones apresuradas, con serias deficiencias técnicas y sin la debida certeza jurídica”. “Esto es, en gran parte, consecuencia del desorden y la mala gestión del gobierno saliente de Gabriel Boric, que dejó procesos mal hechos y sin sustento. Hoy lo responsable es corregir, y en eso vamos a respaldar al Gobierno para avanzar hacia una política ambiental seria, equilibrada y con reglas claras”, subrayó. Perfil y desafíos de la ministra La cartera de Medio Ambiente está liderada por Francisca Toledo (Ind.), ingeniera civil industrial, mención eléctrica, de la Universidad Católica de Chile. Posteriormente, cursó un Marster of Laws (LLM) en Derecho Regulatorio del mismo plantel, y un diplomado en Libre Competencia. Antes de asumir como ministra, se desempeñaba como investigadora del centro Libertad y Desarrollo.

Toledo fue asesora de gabinete del ex Presidente Sebastián Piñera, con labores en el Ministerio de Educación, además de la Segpres y Subdere, especializándose en la coordinación interministerial y modernización institucional. Su perfil se destaca como técnico y político. Por ahora, Toledo ha mantenido un bajo perfil y no ha dado entrevistas. Antes de su arribo, varias voces apuntaban a los desafíos que tendría Toledo, especialmente en uno de los focos de las bases programáticas del actual Gobierno, relativos a compatibilizar la prioridad de crecimiento económico con el trabajo del ministerio. Entre las definiciones del programa de Kast, están “impulsar una mayor eficiencia en la tramitación de los permisos ambientales”, y para ello, “derogaremos, modificaremos y dictaremos nuevas guías e instructivos que devuelvan la certeza jurídica a todos los actores del SEIA, siempre con pleno respeto al medio ambiente”. También se anunció el impulso a “una modernización de nuestra institucionalidad ambiental, buscando dar mayor preponderancia al componente técnico y mejores herramientas que prioricen el cumplimiento ambiental”. En otro punto, el programa compromete que “impulsaremos un progreso económico y social compatible con los ecosistemas, de manera que medio ambiente y desarrollo se fortalezcan mutuamente. Creemos en un desarrollo que se complemente con la naturaleza”. Para ello, “renovaremos y fortaleceremos la alianza entre la ciencia y la toma de decisiones sobre recursos naturales, biodiversidad y políticas públicas”. Y añade: “la conservación de nuestros ecosistemas naturales y de nuestros ecosistemas productivos requiere liderazgo, innovación, la adopción de nuevas formas de producción más sostenibles, especialmente frente al escenario de cambio climático”.

Fuente: Emol.com